Esta investigación examina el conflicto entre las decisiones del Tribunal Constitucional del Perú y los derechos laborales de los profesores contratados en instituciones privadas, dentro del contexto de la autonomía de las universidades. Se plantea la hipótesis de que el Tribunal, al priorizar los estándares universitarios sobre el régimen laboral vigente, ha limitado el derecho al trabajo y la seguridad laboral de estos educadores. El presente estudio emplea un enfoque cualitativo e interpretativo, basándose en una revisión exhaustiva de doce fallos constitucionales emitidos entre 2003 y 2013. Se analizan la Constitución Política, las Leyes Universitarias N.º 23733 y N.º 30220, así como el Decreto Legislativo N.º 728, además de principios como la supremacía de la realidad y la salvaguarda contra despidos injustificados. Los resultados demuestran una jurisprudencia que ignora la distorsión de los contratos a plazo fijo, incluso en circunstancias de empleo continuo. En la mayoría de los casos, el Tribunal desestimó las solicitudes de amparo presentadas por los educadores, considerando el concurso público como la única vía legítima para alcanzar la estabilidad. Este estudio concluye que la tendencia en la jurisprudencia ha socavado la protección de los derechos fundamentales bajo el pretexto de la autonomía universitaria. Se recomienda realizar una reevaluación de esta posición, con el objetivo de lograr un equilibrio armonioso entre los intereses de las instituciones académicas y los derechos laborales.
Marco Hernán Pantigozo Loaiza (Tue,) estudió esta cuestión.
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