El enfoque axiológico en el derecho penal, al igual que en el derecho en general, es una pauta importante para el desarrollo del derecho y el estado, una forma de comunicar la realidad de las propiedades del ideal deseado. Los objetos de protección de esta rama del derecho son numerosos y diversos, lo que crea la necesidad de identificar los fundamentos básicos (valores fundamentales) del funcionamiento del derecho penal que corresponden a la visión moderna sobre el progreso social y legal. El propósito de este trabajo es estudiar la validez del enfoque de valor en el derecho penal y buscar aquellos valores que, objetivados en las relaciones públicas más importantes, deberían ser objetos de su protección. El autor se plantea la tarea de formular un interés público jurídico integrador protegido por el derecho penal: la herramienta más poderosa para influir en las relaciones públicas, que requiere una aplicación extremadamente cuidadosa. La base metodológica del estudio fue métodos lógicos, axiológicos, dialécticos y sistemáticos de cognición de fenómenos socio-jurídicos. La evidencia de que los bienes públicos más importantes (valores universales) deben ser protegidos por medio del derecho penal no excluye la necesidad de una comprensión científica especial de este postulado. Después de todo, el mismo universalismo de cualquier valor es una teoría filosófica no confirmada. Al mismo tiempo, en un estado democrático moderno regido por el estado de derecho, los fundamentos fundamentales de la sociedad incluyen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, que incluyen, ante todo, la vida, la salud, la libertad y la seguridad. El valor del derecho penal está directamente relacionado con el grado en el que sus objetivos están subordinados a la protección de estas necesidades humanas clave. Los intentos de controlar, por medio del derecho penal, aquellas relaciones sociales que pueden ser protegidas con éxito por las normas de otras ramas del derecho (administrativo, civil) o incluso caen dentro del ámbito de normas sociales no jurídicas (moralidad y ética), devaluan el papel del derecho penal como el regulador social más poderoso (y al mismo tiempo, el más peligroso) y carece del énfasis necesario en la lucha contra el crimen real. El principio básico del derecho penal, consagrado en la ley, debería ser el principio de economía de la represión penal.
Vadim Antonchenko (mar,) estudió esta cuestión.