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El artículo examina el problema de la "competencia" de los poderes del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa, los tribunales de jurisdicción general y los tribunales de arbitraje en el ámbito de la protección de derechos e intereses públicos. Los procedimientos constitucionales se consideran como una forma procesal independiente de protección, un medio de administración de justicia. Se muestra que los casos de impugnación de actos normativos legales se resuelven actualmente tanto en procedimientos constitucionales como en el marco de procedimientos administrativos, civiles y de arbitraje, no existe un criterio legal para su diferenciación, y cualquier verificación de un acto normativo plantea en última instancia la cuestión de su constitucionalidad. Se propone concentrar todos los poderes para considerar estos casos en el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa.
Ekaterina V. Mikhaylova (Jue,) estudió esta cuestión.
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