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Resumen El Reino Unido ha adoptado recientemente una política de concesión de prueba digital solamente del estatus migratorio para ciertos grupos de migrantes. Más de 4,5 millones de individuos dependen de esta forma de estatus y el número está en crecimiento. En este artículo, argumentamos que esta política, tal como está actualmente operacionalizada, es ilegal debido a su impacto discriminatorio. Si permanece sin cambios, las raíces de la discriminación digital en la política y administración de inmigración se permitirán extender, con consecuencias potencialmente desastrosas.
Tomlinson et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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