La violencia y el acoso de género (VAG) se sitúan en la intersección de los derechos humanos, la igualdad y las leyes de seguridad y salud en el trabajo (SST). Los datos estadísticos destacan la alta prevalencia de la violencia en el lugar de trabajo (VLP) en la atención sanitaria, con mujeres, enfermeras y aquellos que trabajan en departamentos de emergencia en mayor riesgo. A pesar de los marcos internacionales sobre este tema, persisten brechas en la traducción de estándares a leyes nacionales y prácticas laborales, particularmente en sectores de alto riesgo como la atención sanitaria. Se realizó una búsqueda legal y epidemiológica exhaustiva. Se identificaron fuentes legales utilizando la plataforma CMS Law-Now, con la correspondiente legislación primaria recuperada de portales legales nacionales oficiales y analizada en su totalidad. Paralelamente, se recopiló evidencia epidemiológica a través de una búsqueda estructurada de literatura gris, datos de vigilancia y estudios revisados por pares, apoyándose en plataformas institucionales internacionales (Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo – EU-OSHA) y PubMed/MEDLINE. Tras el análisis, el informe resultante se compartió con representantes gubernamentales laborales nacionales. Este documento proporciona una visión general de los marcos internacionales, europeos y específicos nacionales que abordan la VAG, a través de una revisión de literatura legal y un análisis comparativo de esos marcos nacionales de los países europeos seleccionados: Finlandia, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia. La visión comparativa encontró que, aunque todos los países analizados prohíben el acoso, sus enfoques regulatorios difieren. Las brechas regulatorias en curso, particularmente en lo que respecta a formas de VAG facilitadas por la tecnología e interseccionales, limitan la implementación efectiva y la comparabilidad entre países. Los desafíos persistentes identificados incluyen las limitaciones de recursos en la aplicación y la cobertura insuficiente de los riesgos asociados al trabajo digital y remoto.
Santos et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.