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La integración europea ha creado una asimetría constitucional entre las políticas que promueven la eficiencia del mercado y las políticas que promueven la protección social y la igualdad. Los estados de bienestar nacionales están legal y económicamente limitados por las normas europeas de integración económica, liberalización y derecho de competencia, mientras que los esfuerzos por adoptar políticas sociales europeas se ven políticamente obstaculizados por la diversidad de los estados de bienestar nacionales, que difieren no solo en los niveles de desarrollo económico y, por ende, en su capacidad para financiar transferencias y servicios sociales, sino, incluso de manera más significativa, en sus aspiraciones normativas y estructuras institucionales. En respuesta, se está aplicando el 'método abierto de coordinación' en el ámbito de las políticas sociales. Este método deja las decisiones políticas efectivas a nivel nacional, pero intenta mejorarlas promoviendo objetivos comunes e indicadores comunes, y mediante evaluaciones comparativas del desempeño de políticas nacionales. Estos esfuerzos son útiles pero no pueden superar la asimetría constitucional. Por lo tanto, hay motivos para buscar soluciones que deben tener el carácter del derecho europeo para establecer una paridad constitucional con las normas de integración económica europea, pero que también deben ser suficientemente diferenciadas para acomodar la diversidad existente de los regímenes de bienestar nacional. El artículo discute dos opciones, la 'cooperación más estrecha' y una combinación de 'directivas marco' diferenciadas con el método abierto de coordinación.
Fritz W. Scharpf (Fri,) estudió esta cuestión.
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