Tras la llegada de teorías filosóficas y políticas criminales modernas que llamaban a considerar la personalidad del delincuente antes de emitir el veredicto y evaluar la pena, esto llevó a la tendencia de la mayoría de las leyes en los países del mundo a otorgar al juez poder discrecional antes de emitir el veredicto. Se sabe que el legislador impone una pena específica por cada acto descrito como delito, y frecuentemente establece una pena que oscila entre dos extremos, superior e inferior, y deja al juez la discreción para elegir la cantidad necesaria de castigo entre estos dos extremos con el fin de permitir al juez individualizar la pena de manera acorde con la personalidad y las condiciones psicológicas del delincuente, así como con las condiciones de salud y sociales. Puede suceder que dos personas cometan individualmente dos delitos similares, por lo que se hace evidente para el juez al realizar el juicio que cada uno de ellos tiene circunstancias especiales, por lo que le impone a cada uno una pena que puede ser diferente aunque ambos hayan cometido el mismo delito. Así, por ejemplo, se le da al primer individuo el mínimo prescrito mientras que se le otorga al segundo su límite superior. El juez puede encontrar que disminuir la pena a su nivel mínimo no es suficiente y que el delincuente merece una reducción mayor en la pena, en este caso el juez recurre al uso de circunstancias atenuantes.
al-Mashhadani et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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