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Desde finales del siglo XX hasta hoy, la relación entre el estado administrativo y el poder judicial ha experimentado cambios importantes. El mismo período ha visto a las administraciones presidenciales buscar hacer uso del poder burocrático para implementar sus iniciativas de política pública sin tener que obtener la aprobación del Congreso. Tras revisar la evolución de la supervisión judicial del estado administrativo, el ensayo sostiene que los tribunales federales ahora utilizan un enfoque ad hoc para determinar el alcance de la supervisión judicial del proceso administrativo. El ensayo argumenta que el uso de este enfoque ad hoc ha causado un daño serio al estado administrativo, proporcionando directrices insuficientes para que las administraciones presidenciales hagan uso del poder burocrático para implementar iniciativas de política pública.
Robert Roberts (Mon,) estudió esta cuestión.