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"El litigio de derecho público" - defensa de derechos civiles que busca reestructurar agencias públicas - ha cambiado de rumbo en las últimas tres décadas. Se ha alejado de la intervención remedial modelada en la burocracia de comando y control hacia una especie de intervención que puede ser llamada "experimentalista". En lugar de regímenes de reglas fijas desde arriba, el enfoque experimentalista enfatiza la negociación continua entre las partes interesadas, medidas de rendimiento revisadas continuamente y transparencia. El experimentalismo es evidente en todas las áreas principales de intervención en derecho público: escuelas, instituciones de salud mental, prisiones, policía y vivienda pública. Este desarrollo ha sido sustancialmente no anticipado y no notado por ambos, defensores y críticos del litigio de derecho público. En este artículo, describimos la aparición del modelo experimentalista y argumentamos que plantea muchas críticas comunes al litigio de derecho público. Además, sugerimos que implica respuestas a algunos problemas doctrinales prominentes, incluidos los límites sobre la discreción judicial en la aplicación de derechos de derecho público y las limitaciones que conllevan las normas de separación de poderes. Nuestra interpretación entiende los casos de derecho público como instancias centrales de "derechos de desestabilización" - derechos para desalojar una institución que ha fracasado sistemáticamente en cumplir con sus obligaciones y ha permanecido inmune a las fuerzas tradicionales de corrección política. Sugiere razones por las cuales el reconocimiento judicial y la aplicación de tales derechos podrían ser tanto efectivos en inducir un mejor cumplimiento con las obligaciones legales como consistentes con nuestra estructura de gobierno.
Sabel et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.