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Utilizando datos cualitativos de entrevistas sociológicas y de salud pública, demostramos que la pobreza energética es más generalizada y resulta en una mayor carga energética para los inquilinos de bajos ingresos, de lo que muchos legisladores asumirían. Esto se debe en parte a la falta de financiamiento, a la no coordinación de políticas y a la falta de comprensión de los beneficios sociales y económicos de la conservación de energía, la educación energética y las políticas de facturación flexible de servicios públicos. Al examinar las políticas de LIHEAP, climatización, servicios públicos y asistencia habitacional, sugerimos que un enfoque coordinado y regional para la política de energía doméstica y vivienda, que integre programas en cada área, proporcionará una solución política más coherente.
Hernández et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.