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La regulación federal y estatal de los gastos de capital se ha promovido como un medio tanto para garantizar una asignación racional de recursos como para controlar costos. Pero la evidencia extraída de ocho estados sugiere que limitar la oferta de camas en residencias de ancianos ("certificado de necesidad"), sin refinar los estándares de elegibilidad, control de calidad y políticas de reembolso (Medicaid y "establecimiento de tarifas"), discrimina efectivamente contra las personas que más necesitan atención médica. Se exploran estrategias alternativas para lograr economía, equidad y eficiencia.
Feder et al. (Tue,) estudiaron esta cuestión.
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