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La pandemia del Covid-19 intensificó la urgencia por implementar digitalización en procesos sociales.El trabajo, la educación, la salud y la justicia están sufriendo cambios fundamentales producto del uso de la tecnología como forma de mantener la continuidad y resguardar la salud de las personas durante la pandemia.En el caso de la justicia, las necesidades de reducir los trámites presenciales, de eliminar el papel y mantener la inmediación a distancia pusieron una dificultad mayor al momento de adecuarse a tiempos digitales.A la necesidad de digitalizar la justicia hay que sumarle la carga de trabajo que ya traían los tribunales producto de la judicialización de asuntos jurídicamente irrelevantes, como cobros o alzas de planes de Isapre, en las cuales no se aprovechan al máximo las funciones deliberativas de un juez.En la mayoría de sus competencias, los tribunales están sobrepasados de trabajo.Es en ese sentido, la pandemia no alteró la necesidad de digitalizar y automatizar la función jurisdiccional, sino que la hizo más urgente.Se evidenció la necesidad de implementar tecnología al proceso judicial y para ello es fundamental delimitar un marco general de aplicación.El profesor Richard Susskind, de la Universidad de Oxford ha pasado más de 30 años investigando la interacción entre el derecho y la tecnología.Un recorrido que empezó con su tesis doctoral en
Matías Aránguiz Villagrán (Fri,) studied this question.