Este estudio tiene como objetivo analizar y criticar cómo se lleva a cabo la ejecución de garantías fiduciarias tras la Decisión del Tribunal Constitucional (MK) Número 18/PUU-XVII/2019, que modificó el mecanismo de ejecución, particularmente con respecto a la ejecución unilateral por parte de los acreedores en caso de incumplimiento del deudor. Esta decisión requiere la aprobación del deudor o la intervención del tribunal si el deudor presenta una objeción. Este estudio también examina la forma de protección legal para acreedores y deudores en la implementación de la ejecución de garantías fiduciarias, y sugiere disposiciones ideales que proporcionen certidumbre jurídica y justicia. Los principales problemas en este estudio incluyen tres aspectos: (1) la interpretación del Tribunal Constitucional del Artículo 15 párrafos (2) y (3) de la Ley No. 42 de 1999, (2) las implicaciones legales de la ejecución unilateral, y (3) el equilibrio de la protección legal para acreedores y deudores.
Anas et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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