El artículo está dedicado al análisis del principio de justicia en el derecho penal en Rusia en relación con la categorización de los delitos (Artículo 15 del Código Penal de la Federación Rusa). Se enfoca en la contradicción entre la definición material del derecho de justicia (parte 1 del Artículo 6 del Código Penal) y la amplia interpretación de este principio por la práctica judicial y la doctrina, que incluye elementos procesales, antropológicos y psicológicos. La relevancia está determinada por la incertidumbre en el contenido del principio, conflictos con la legalidad, el humanismo y la uniformidad de la práctica judicial, así como la presencia de lagunas en la categorización de delitos, que conducen a la arbitrariedad judicial. El objetivo de la investigación es formular una comprensión autoral de la esencia del principio de justicia, identificar obstáculos sistémicos para su implementación y proponer direcciones para corregir la legislación y las prácticas de aplicación de la ley. Además, se analiza el conflicto axiológico entre la uniformidad formal de las sentencias y la justicia sustantiva, así como la relación entre la justicia y el humanismo, así como las deficiencias de la característica calificativa del robo de la ropa/bolsas de la víctima (subpárrafo "g" de la parte 2 del Artículo 158 del Código Penal) como un ejemplo de violación de proporcionalidad. Se emplearon la interpretación dogmática de las normas del Código Penal, el análisis de la práctica judicial, el método de comparación jurídica, la síntesis lógico-estructural y el análisis axiológico de los conflictos entre principios. La novedad del trabajo radica en fundamentar la necesidad de una "presunción refutable de justicia de la pena" al cumplir con los criterios de parte 1 del Artículo 6 del Código Penal, así como en proponer un enfoque integral para superar la brecha entre los componentes materiales, procesales y psicológicos de la justicia. Se formulan tres bloques de problemas: normativo (ausencia de límites inferiores de pena para categorías de delitos, intervalos de diferenciación irrazonables), de aplicación de la ley (naturaleza de plantilla de las decisiones judiciales, prioridad de resistencia al fracaso sobre justicia) e institucional (nihilismo legal, desigualdad ante la ley). Se proponen direcciones específicas para el cambio: introducción de un paso unificado de diferenciación (4-5 años) y un límite inferior de pena para cada categoría de delitos; reorientación de los tribunales superiores hacia alentar desviaciones motivadas de las plantillas; y fomentar una actitud basada en valores hacia la justicia dentro del cuerpo judicial. Se concluye que sustituir la legalidad formal por la justicia es inaceptable, que la justicia debe tener prioridad sobre la uniformidad, y la misericordia sobre la justicia en sus conflictos, así como el efecto práctico del modelo propuesto: mayor previsibilidad, individualización de la responsabilidad y confianza en el poder judicial.
Udodov et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.
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