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En Costa Rica el Estado es uno de los mas grandes compradores; sus impactos potenciales sobre el ambiente por concepto de consumo de recursos, generacion de residuos y emisiones son considerables. Ante esto, cada institucion publica de Costa Rica esta obligada mediante el Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE (publicado en el ano 2011) a elaborar e implementar un Programa de Gestion Ambiental Institucional (PGAI), de manera que se mitiguen y controlen los impactos que se originen como parte de su quehacer organizacional. Aqui analizo el nivel de cumplimiento de las instituciones del sector publico costarricense en cuanto a la elaboracion e implementacion de los PGAI. Se consultaron los expedientes disponibles en el Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE), dividiendo a las instituciones en 4 categorias: a) ministerios; b) sector publico descentralizado institucional; c) sector publico descentralizado territorial y d) otros. Posteriormente se aplico una herramienta de evaluacion in situ en 44 instituciones, con el fin de conocer el nivel de implementacion de este programa. A marzo del 2013, el 36,2% del total de instituciones publicas habian elaborado PGAI, siendo los ministerios la categoria en donde se presento el mayor porcentaje de cumplimiento (83,3%). En las instituciones en donde se aplico la herramienta de evaluacion se identifico una mayor implementacion de los siguientes aspectos: promulgacion de una politica ambiental, oficializacion de comisiones encargadas de trabajar en gestion ambiental, y sistematizacion de registros de consumos. Ademas se identifico la necesidad de fortalecer las acciones vinculadas con la capacitacion y sensibilizacion de funcionarios, divulgacion interna del PGAI, incorporacion de criterios ambientales en la adquisicion de bienes y servicios, entre otros. El puntaje promedio para las instituciones consideradas fue de 70,16 (la escala fue de 0 – 100), no hubo diferencia entre las categorias de instituciones analizadas (t-Student; p=0,684). La poca claridad respecto a la aplicacion de mecanismos sancionatorios, el deficiente compromiso ambiental en muchas instituciones, y la ausencia de recursos (humanos y economicos) destinados a acciones ambientales, podrian estar afectando el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE por parte del sector publico.
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Marco Vinicio Chinchilla S (2014) studied this question.
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