The Unfulfilled Promises of the “Solution to the Problem of Illicit Drugs”

The 2016 Final Peace Agreement with the FARC-EP articulated a new drug policy aimed at “definitively solving the problem of illicit drugs” in Colombia. At its core, this commitment recognized the illicit drug trade as a key source of funding for the FARC-EP and promised to rebuild the state’s relationship with coca-growing territories and populations. In this paper, we argue that this promise has remained largely unfulfilled. The policy agenda set out in the Agreement—which has broadly guided subsequent governments—has suffered from serious design and implementation flaws, the disruptive effects of post-FARC-EP armed realignments, and the structural limits imposed by a persistent global cocaine demand and a prohibitionist regime. As a result, the policy’s core components largely failed: to reduce the supply of cocaine, the productive inclusion of coca producers, and territorial integration through the provision of public goods in marginalized areas. The evolving geopolitical landscape and transformations in the global illicit drug economy underscore the need to rethink existing policy alternatives. El Acuerdo Final de Paz de 2016 con las FARC-EP propuso una nueva política de drogas con el objetivo de “resolver definitivamente el problema de las drogas ilícitas” en Colombia. Este compromiso partía del reconocimiento de que el comercio ilícito de drogas constituía una fuente clave de financiación de las FARC-EP y prometía reconstruir la relación del Estado con las regiones cocaleras y sus habitantes. En este artículo sostenemos que esa promesa no se materializó. La agenda de política definida en el Acuerdo, que ha orientado a los gobiernos posteriores, ha estado marcada por serios problemas de diseño y profundos vacíos de implementación. A ello se sumaron los efectos de la reorganización de los grupos armados tras la desmovilización de las FARC-EP, así como los límites estructurales impuestos por la persistente demanda global de cocaína y por el régimen internacional de prohibición. Como resultado, esta política no logró reducir la oferta de cocaína, promover la inclusión productiva de los campesinos cocaleros ni avanzar en la integración territorial mediante la provisión de bienes públicos en las regiones históricamente marginadas. El cambiante panorama geopolítico y las transformaciones de la economía global de las drogas ilícitas ponen de relieve la necesidad de repensar las alternativas de política disponibles.